Ya nos referimos, de manera tangencial y en un post anterior, a las implicaciones legales que lleva aparejada la labor de los cerrajeros. En nuestro trabajo diario, los empleados del sector de la cerrajería seguimos una pauta básica de actuación: respetar la ley, la Constitución y los derechos humanos.
Para entender la relevancia de esta cuestión, hemos de acudir al artículo 18.2 de la Constitución Española de 1978. Este precepto establece: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. De esta forma, el domicilio se convierte en inmune a cualquier invasión de particulares o de poderes públicos, con las salvedades señaladas.
Los cerrajeros, por tanto, debemos cerciorarnos de los avisos que recibimos, para asegurarnos de que es el legítimo propietario o arrendatario del inmueble quien formula la petición. En algunas ocasiones es precisa una autorización judicial, que consienta la entrada en la casa en cuestión.
Un delito flagrante es aquel que se está ejecutando actualmente de manera escandalosa u ostentosa y que, por tanto, requiere una intervención urgente para atajarlo y para evitar que el daño que ocasiona siga produciéndose. Es lo que ocurre cuando tienen lugar robos, violaciones, homicidios etc.
Con el consentimiento del titular del inmueble, el cerrajero puede acceder al interior del mismo sin problemas y sin violar ningún precepto legal. Pero, ¿quién es ese titular?. Dicha condición la ostentan el dueño o el arrendatario del piso, casa o local.
Imaginemos, por ejemplo, que el propietario de un piso ha dejado las llaves y toda su documentación en el interior del inmueble. Llama a un cerrajero 24 horas y éste le pide que acredite su condición de titular. El cliente no puede hacerlo, porque sus papeles están dentro de la casa. En estos casos, los profesionales debemos solicitar la presencia del presidente de la comunidad, de otros vecinos o de un agente de la autoridad, ante el que ha de acreditarse después el presunto dueño.
Los cerrajeros debemos adoptar todas estas medidas, para cumplir con la ley y evitar ser acusados, por ejemplo, de cooperación en un delito de allanamiento de morada. Respetar la legalidad vigente, en definitiva, también forma parte de nuestro trabajo diario. En Cerrajeros Zaragoza San Jorge somos conscientes de esa responsabilidad en todos los servicios y, por eso, cumplimos a rajatabla con ésta y con el resto de premisas que forman parte del código de buenas prácticas de la profesión.